Informe y petitorio ante la ONU
Durante los últimos meses del 2011, diversos sectores de la sociedad misionera manifiestan su preocupación y oposición a que se construya una nueva mega represa en el río Uruguay. El emprendimiento argentino-brasileño, conocido como Garabí-Panambí, tendría en realidad dos cierres: uno en Panambí, Misiones y otro en Garabí, Corrientes. Por lo cual se trataría de dos mega represas más en el mismo río.
Cabe recordar que en el río Uruguay ya se encuentran instaladas y en funcionamiento las mega represas de Itá, Machadinho, Passo Fundo, Barra Grande y Salto Grande. Al mismo tiempo, existen varias otras represas proyectadas por Brasil y que se encuentran en distintos niveles de ejecución. El total de represas, incluidas las en funcionamiento y las proyectadas, más la de Garabí con sus dos cierres, ascendería a 30 en el río Uruguay y sus afluentes. (www.natbrasil.org.br/Docs/cartilha_rio_uruguai/hidro2.pdf).
Sin previa información ni consulta a la ciudadanía, el Estado Nacional concretó el llamado a licitación pública internacional N° 1/2010 para contratar empresas que elaborarán la documentación y proyectos a fin de licitar directamente la construcción de Garabí-Panambí.
El proceso licitatorio está a cargo de Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A (EBISA), una Sociedad Anónima con capital estatal mayoritario, representado en acciones cuya titularidad corresponden a la Secretaría de Energía (99%) y a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (1%).
Estos avances inconsultos dieron lugar a la presentación de un recurso de amparo contra la licitación que se lleva a cabo en EBISA, entendiéndose que se vulneran -entre otras normas legales- el art. 41 CN, Ley 25.675 General del Ambiente, Ley 24.375 Convenio sobre la Diversidad Biológica, Ley 25.688 Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, Ley 25.831 Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, art. 75 inc. 17 CN; OIT Convenio 169; art. 12 inc b) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina y un Juzgado Civil Federal se declararon “incompetentes” para entender en la causa que, finalmente, quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 6, Secretaría 12, bajo la carátula «SERÓ, LILIANA Y OTROS C/ ESTADO NAC S/ AMPARO.
El mismo día que en EBISA fueron abiertos los pliegos licitatorios, el 14 de diciembre de 2011, el Juez entendió que resolver positivamente la medida cautelar implicaba dar solución al fondo de la cuestión. Consideró que la licitación no afecta derecho alguno y ordenó que se libren oficios al Estado Nacional y Provincial de Misiones para que informen acerca de cada uno de los argumentos esgrimidos en el amparo.
Vecinos y grupos de la Región están elaborando sus adhesiones a la causa bajo la figura jurídica de amicu curiae, escritos que podrán ser presentados una vez que finalice la feria judicial en febrero.
No es un detalle menor a tener el cuenta el rechazo profundo que este tipo de construcciones causa en la población, si se tiene en cuenta el antecedente del Proyecto
Corpus, el cual siendo sometido a la voluntad popular mediante plebiscito obligatorio y vinculante del 14 de abril de 1996, Ley 3.294/96, recibió un profundo rechazo: 89% de los electores se pronunciaron en contra de la construcción de dicha represa.
Además, todavía hoy genera conflictos sociales y malestar la mega represa de Yacyretá, que dejó el saldo de 100.000 refugiados ambientales (incluyendo familias argentinas, paraguayas y de los Pueblos Originarios de la zona), el río Paraná contaminado al grado que está prohibido ingresar al agua, obras complementarias no terminadas o que se están deteriorando, etc.
En ese sentido, es dable destacar también que en esa misma provincia afectada, numerosas organizaciones ambientalistas, sindicales, religiosas, vecinales y populares -como la Asamblea Popular No a Corpus y la Asamblea Ciudadana Misionera por el No a las Represas- vienen desde hace tiempo expresando su firme oposición al proyecto de la represa Garabí-Panambí y a otros emprendimientos hidroeléctricos similares, a través de petitorios, movilizaciones y múltiples iniciativas. Resulta pertinente mencionar además la constitución de la Mesa Provincial por el No a las Represas, donde participan representantes de ambas organizaciones antes citadas, así como la Asociación Ecologista Cuña Pirú, CEMEP-ADIS, Red Agua, Movimiento Ríos Libres, Aguas Libres en Misiones, Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Misiones Sin Represas y otras.
Asimismo, desde otras provincias de la región, realizan acciones contra las mega represas -incluyendo la de Garabí- la Asociación M’Biguá (Entre Ríos), miembro de la Red Internacional Anti represas; la Asamblea Ambiental Libreña (Corrientes); y adhiere a estas acciones por el cuidado de losríos el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ-Argentina).
Características del proyecto Garabí
Ya en marzo de 1972 se formalizó el primer Tratado entre Argentina y Brasil para el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Uruguay. A partir de allí fueron elaborados tres proyectos diferentes para Garabí- Panambí. Uno, conocido como “proyecto original”, resultado de los estudios de inventario y prefactibilidad efectuados por el consorcio binacional Hidroservice-Hidrened. Otro, denominado “Garabí XXI” presentado por la consultora Cenec-Denison. y un tercero presentado por la empresa argentina IMPSA.
Se detallan a continuación las características de “Garabí XXI” que -pese a la falta de información oficial, ya que todos los avances anteriormente mencionados no se dieron a conocer a la ciudadanía- se estima es el actualmente licitado en EBISA.
Con el cierre en Garabí a cota 89 y en Panambí a cota 130, la mega obra prevé ocupar e inundar vastas áreas correspondientes a las provincias de Corrientes y Misiones (Argentina) y al Estado de Rio Grande do Sul (Brasil).
Las ciudades más cercanas al complejo son Apóstoles (32 km), Gobernador Virasoro (40 km) y Santo Tomé (60 km) en Argentina, y São Borja (65 km) y São Nicolau (37km) en Brasil. Las que se verán mayormente afectadas por la inundación son San Javier (Argentina) y Porto Xavier (Brasil).
Organizaciones ambientalistas que han realizado diversos informes y estudios calculan que en la Provincia de Corrientes serían inundadas 4.542 hectáreas, mientras que en la Provincia de Misiones las tierras anegadas ascenderían a 34.943 hectáreas (Aramendy, Raúl, por SERPAJ, Red Agua y CEMEP ADIS, 2011). Esto, sin considerar las superficies directamente afectadas en Brasil.
Según estas organizaciones, en Misiones las familias que deberían ser relocalizadas ascenderían a 17.000 aproximadamente. La mayoría son vecinos de zonas rurales. Es decir, comunidades que dependen en gran medida del laboreo de la tierra para poder subsistir. Por ejemplo, “El Soberbio, Azara, San Javier, Puerto Concepción, Puerto San Lucas, Puerto San Isidro, Puerto Itacaruaré, Isla Itacaruaré, Puerto Blanes, Puerto Sara, Puerto Rosario y Alba Posse” (Aramendy, Raúl. ídem). Es dable agregar que varias de estas localidades forman parte de antiguos procesos de poblamiento de la provincia, y como tales, son asentamientos con un gran valor histórico para los misioneros.
Otro aspecto importante para caracterizar a esta población es que se trata de pequeños productores -por lo general, con parcelas de hasta 25 hectáreas-, pocos de los cuales poseen título de propiedad de sus tierras, siendo en su mayoría arrendatarios u ocupantes. Su producción se basa en el trabajo del grupo familiar. Asimismo, serían afectadas las siguientes comunidades de la parcialidad Mbyá-Guaraní. Yejy, Pido Poty, Tekoa Ara Poty, Chafariz, Andresito, Pindoity y Katupyry.
Área de impacto
Los impactos, muchos de ellos irreversibles, sobre las poblaciones y el medioambiente que produciría la instalación de la represa no se reducen al lugar específico de instalación del complejo, sino que se expanden a áreas geográficas mayores. Esto significa que no sólo se verán afectadas las provincias de Misiones y Corrientes (lugares de cierre del complejo), sino también Entre Ríos y Buenos Aires, pues “el área de influencia de una represa se extiende desde los límites superiores de captación del reservorio hasta el estero, la costa y el mar. De construirse Garabí, las cuatro Provincias mencionadas resultarán directamente afectadas” (Asociación Ecologista Cuña Pirú, Asociación Ecologista Tamanduá, CEMEP-ADIS, Fundación Servicio de Paz y Justicia, Asociación M’biguá, Fundación Proteger. 2009).
Es necesario recordar que Entre Ríos es la única Provincia donde desde 1997 rige la Ley Provincial Nº 9092/97, conocida como Ley de Libertad de los Ríos o ley anti-represas. En la medida en que está incluida en el área de influencia de la represa Garabí, según ya indicamos, vería asimismo vulnerados sus derechos a proteger el ambiente por un proyecto que va claramente en contra de los principios que motivaron la sanción de dicha ley provincial.
La presión demográfica en las áreas altas de la represa, resultado del reasentamiento de miles de familias que deben abandonar las zonas a inundar, es un factor clave de degradación ambiental, deterioro de la calidad del agua y sedimentación en el embalse. Todo ello debido a las consecuencias usuales de los asentamientos humanos: empleo de combustibles, espacios donde descartar distintos tipos de residuos y efluentes, desmonte y tratamiento de la tierra destinados a actividades económicas, entre otros. De allí que se condicionan las posibilidades de uso del terreno en las áreas bajas, incluso llegando a afectar negativamente la calidad del agua y la cantidad que ingresa al río.
Por tales motivos, los especialistas en el tema son taxativos al advertir que es necesario considerar “el contacto global de la cuenca del río y los planes regionales de desarrollo, incluyendo tanto las áreas superiores de captación sobre la represa y los terrenos aluviales, como las áreas de la cuenca hidrográfica aguas abajo, y no solamente lo inmediato a la presa”(Asociación Ecologista Cuña Pirú, Asociación Ecologista Tamanduá, CEMEP-ADIS, Fundación Servicio de Paz y Justicia, Asociación M’biguá, Fundación Proteger. 2009).
Posiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Mundial de Represas
Debido a que “los ríos, las vertientes y los ecosistemas acuáticos son los motores biológicos del planeta y constituyen la base de la vida y los medios de subsistencia de las comunidades locales”, la CMR (Comisión Mundial de Represas) reconoció que “las represas transforman paisajes y crean riesgos de impactos irreversibles. (…) La pérdida de bosques y hábitats naturales de poblaciones de especies, la degradación de las cuencas río arriba por la inundación de la zona de los embalses y la pérdida de biodiversidad acuática”. Y además, que la construcción de varias represas en un mismo río, conduce a impactos ambientales en la calidad del agua, en las inundaciones naturales y en la composición de las especies.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas (ONU), en el informe “Enfermedades Parasitarias, Desarrollo Hídrico” (1994), plantean que no se deben construir represas hidroeléctricas en zonas tropicales y subtropicales por considerarlas “zonas de alto riesgo, tanto ambiental como sanitario”. Y porque, entre otros derechos, también se encuentra amenazado el derecho a la vida, debido al incremento de las condiciones favorables para la propagación de enfermedades ya endémicas, el resurgimiento de antiguas patologías y el brote de nuevas en estas zonas tales como leishmaniasis, fiebre amarilla, dengue, paludismo, esquistosomiasis, entre otras.
Posadas (Misiones) y Encarnación (Paraguay) ya sufren las consecuencias del estancamiento del agua, que conduce a lo que diariamente leemos sobre el dengue, leishmaniasis, paludismo y esquistosomiasis en torno al lago de Itaipú.
De entre las patologías citadas, una de las más peligrosas es la esquistosiomasis, también conocida como “enfermedad de las represas”, cuya presencia fue reportada por organismos estatales de salud, tanto argentinos como brasileños, en la región de la Triple Frontera, en consonancia con la alteración del régimen de los ríos producidos por las megas represas brasileño-paraguaya de Itaipú y argentino-paraguaya de Yacyretá, en aguas del río Paraná. Según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud OMS), la esquistosomiasis ya es endémica en Brasil, existiendo actualmente “entre 6 y 15 millones” de afectados por esta enfermedad (Aramendy, Raúl. 2011).
Sin embargo, la propagación se va acercando cada vez más a la Argentina, a través de Misiones, ya que se han hallado casos a sólo 17 km de la frontera entre Brasil y nuestro país.
Aunque la Cuenca del Plata es uno de los principales ejes de la propagación -sobre todo su tributario, el río Paraná-, también el río Uruguay está siendo comprometido. “Un dato importante es que el foco de riesgo se encuentra cercano a la zona de instalación de la hidroeléctrica Garabí” (Suárez Montórfano. 2011).
Si bien Misiones es clasificada como de clima subtropical, el calentamiento global va aproximándola a una zona de clima tropical.
Se dice que la energía proveniente de las mega-represas hidroeléctricas es más económica porque “es renovable”. Pero no se tiene en cuenta el incremento de los costos de mitigación ambiental y sanitaria con que deben afrontarse sus consecuencias sobre la población y el medio ambiente local. En este sentido, la Comisión Mundial de Represas concluyó que “las mega-represas no recuperan los costos y su rentabilidad es manifiestamente menor a la prevista. Sus beneficiarios no incluyen a los pobres y otros grupos vulnerables que sufren los costos sociales y ambientales sin ganar parte de los beneficios económicos”.
Doce razones para excluir a las mega represas de las energías “renovables”
En un documento copublicado por Internacional Rivers Network (IRN), Amigos de la Tierra (FoEI), Coalición Ríos Vivos, Grupo de Trabajo Energía del Foro Brasileño de ONGs, CDM Watch, CEE Bankwatch Network, Rivers Watch East and Southeast Asia (RWSA) y South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP), se plantea que la urgente necesidad de resolver los dos mayores desafíos que enfrenta el mundo en el siglo XXI, que son erradicar la pobreza y reducir el calentamiento global, condujo a una serie de iniciativas internacionales para promover el uso de las energías renovables. No obstante, advierten que si estas iniciativas se convierten en un instrumento para impulsar megaproyectos de hidroenergía, podrían ser contraproducentes.
Sostienen que los grandes proyectos energéticos fallan en cumplir los tres objetivos planteados en la Conferencia de Estocolmo en 1993: 1) apoyar el desarrollo sostenible, 2) reducir el impacto ambiental de la producción y consumo de energía y 3) aumentar la seguridad energética.
Además, señalan que las grandes hidroeléctricas representan una amenaza al captar una gran proporción de los fondos especiales destinados a la promoción de energías renovables que podrían ser destinados a la expansión de energías limpias y sustentables. En consecuencia, indican: sería imperativa la exclusión de estos proyectos de las iniciativas como la Coalición de Energía Renovable de Johannesburgo, la conferencia “Renovables 2004” en Bonn y los proyectos de comercio de carbón del Protocolo de Kyoto.
Plantean “Doce razones para excluir a las grandes hidroeléctricas de las iniciativas renovables”, implicadas en tres consideraciones más generales centradas en que perjudicarán el desarrollo sostenible, a las personas y a los ecosistemas, como así también a la seguridad energética, debido a que:
1. No producen el beneficio de la reducción de la pobreza que sí producen los proyectos renovables descentralizados.
2. Al ser incluidas entre las iniciativas renovables, agotarán los fondos para los nuevos proyectos de energías renovables.
3. Sus promotores subestiman los costos y exageran los beneficios.
4. Aumentarán la vulnerabilidad al cambio climático.
5. No producen el beneficio de transferencia de tecnología.
6. Causan grandes impactos sociales y ambientales negativos desplazando a un gran número de personas.
7. Los esfuerzos para mitigar los impactos habitualmente fallan.
8. La mayoría de los promotores y financiadores se oponen a adoptar medidas para prevenir la construcción de proyectos destructivos.
9. Los grandes embalses pueden emitir cantidades significativas de gases de efecto invernadero.
10. La construcción de las grandes hidroeléctricas es lenta, complicada, inflexible y cada vez más costosa.
11. Muchos países ya son demasiado dependientes de la hidroenergía.
12. Resultan ser no renovables debido a la sedimentación o colmatación de los diques. Solucionar este problema, cuando es posible, resulta más oneroso que construir una nueva central.
Con relación a estos puntos es importante agregar que la vida útil de una mega represa depende del coeficiente de colmatación del embalse, siendo como máximo de 60 años. A mayor antigüedad de la represa es menor la producción de energía debido a que los sedimentos acumulados en los embalses reducen la cantidad de agua que pueden albergar.
Además, este proyecto aumentaría la humedad de la región, eliminando las heladas que regulan naturalmente las plagas. También, la descomposición de la materia vegetal inundada produce gases que aumentan el efecto invernadero (metano, dióxido de carbono, entre otros), con lo cual se reducen los reservorios de agua dulce, entre ellos los ríos, que son fuente de energía de las represas. Por ello, no es dable clasificar como “renovable” a la energía así obtenida.
Por otra parte, la erosión y el desgaste del suelo en zonas aluviales debido al desmonte necesario para habilitar el reservorio de agua de la presa, alentaría el empleo de fertilizantes y otros agroquímicos también contaminantes en las zonas bajas de la presa, a fin de recomponer de alguna manera la fertilidad de las tierras.
El desmonte ocasionado por la construcción de las represas se sumaría al grado de desmonte y deterioro de la selva paranaense ya existente en la provincia de Misiones y en Brasil. Ese desmonte se realiza para dar lugar a la producción de monocultivos: soja -sobre todo en Brasil-; implantación de especies exóticas (eucaliptus, paraíso, pino) que reemplazan a las nativas con destino a la industria maderera; plantaciones de yerba y té -en Misiones- entre otros.
Según la Fundación Vida Silvestre, “la selva Paranaense o Misionera abarca la mayor parte de la superficie de Misiones, el sur de Brasil y el este de Paraguay. Debido a su importancia el WWF la incluyó en la lista Global 200 de las ecorregiones mundialmente prioritarias para la conservación. Pese a su gran riqueza de especies, el acelerado desmonte devastó esta selva y hoy sólo queda un 7.8% de su superficie original” (2009).
En un informe conjunto de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Dirección de Bosques de la Nación, “Pérdida de bosque nativo en el período 1998-2006 en la Región Selva Misionera”, se advierte sobre la gravedad del avance del desmonte. Da los siguientes datos: “período 1998-2002, superficie deforestada 67.233 ha” y “período 2002-2006, superficie deforestada 62.412 ha”. A partir de allí concluye: “La situación no se ha revertido, ya que los valores de deforestación en ambos períodos son de la misma magnitud” (www.ambiente.gov.ar/ archivos/web/UMSEF/File/selva_misionera_deforestacion_1998-2006_v2.pdf).
El balance costos-beneficios
En el megaproyecto que nos ocupa no se evidencian estudios respecto del balance costos-beneficios que trae aparejada la construcción de una nueva represa en la provincia de Misiones, salvo un informe solicitado por EBISA a la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y otras unidades académicas del país, que -habiendo sido entregado al Comité Ejecutivo de la UNaM en el 2006- jamás fue dado a conocer ni a la población ni a las organizaciones de la sociedad civil ligadas a la defensa del ambiente. Fue catalogado como “confidencial” y sólo trascendió su existencia a partir de una investigación periodística realizada por medios misioneros de comunicación (el diario Primera Edición y la revista Superficie).
Este ocultamiento del informe de la UNAM, titulado Población, Estructura Social, Patrimonio Cultural y Turístico, enfatiza más todavía los señalamientos respecto de que se están violando diversas normativas jurídicas relacionadas con el derecho a la información.
El 12 de septiembre del 2011 el Secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, declaró que se bajaría la cota de Garabí para “no afectar a los Saltos del Moconá y dos pequeñas localidades”. Esto, en función de trabajos realizados por técnicos de Emprendimientos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA) y Eletrobras en la zona de El Soberbio -donde se encuentran los saltos- en la misma semana de sus declaraciones, (diario Primera Edición, Posadas, 12 de septiembre del 2011).
Lo informado por este funcionario son modificaciones ad hoc, que abonan las imprecisiones antes citadas acerca de las características del mega emprendimiento, cuestión que debería ser de conocimiento público.
Aún así, y pese a que se baje la cota para “no afectar a los saltos del Moconá”, es necesario tener en cuenta que los saltos forman parte de una reserva ecológica que no se reduce a los saltos en sí mismos, sino que incluye un área de 1.000 has. Además, la Reserva Provincial Parque del Moconá forma parte de la Reserva de Biósfera Provincial Yabotí -creada en 1993- cuya superficie es de 235.959 has., ubicada en el centro-este de Misiones. El bloque Yabotí alberga también al Parque Provincial Esmeralda, la Reserva Forestal Guaraní, la Reserva privada de la papelera Papel Misionero y es reconocida por la UNESCO como Reserva de Biosfera Internacional.
Esta biosfera posee como dos de sus límites al río Pepirí Guazú (tributario del río Iguazú) y aparte del río Uruguay, ambos frontera con Brasil. Abarca los Departamentos de San Pedro y Guaraní, comprendiendo los Municipios de San Pedro y El Soberbio.
Si bien los cierres previstos para Garabí no proponen represar la zona precisa de los saltos del Moconá sino unos 100 km más al sur, aproximadamente, es importante considerar dos cuestiones: a) aunque la localización del embalse sea en Roncador, el escurrimiento del agua hacia la zona de los saltos (que están a 130 m sobre el nivel del mar y poseen una altura total de 137 m), podría dejarlos con unos 5 metros de altura (es decir 2 metros menos); b) pese a que se reduzca la cota, según los dichos del Secretario de Energía que hemos citado, quien tampoco dio precisiones de cuánto se reduciría, es imprescindible considerar los numerosos cursos de agua que atraviesan la biósfera. Entre ellos, el arroyo Yabotí, que es el más importante por la cuenca que posee, el arroyo Pepirí Guazú, el arroyo Paraíso y una parte del arroyo El Soberbio, todos ellos tributarios del río Uruguay y que por ende verían alterados sus caudales ante cualquier variación del actual caudal de dicha cuenca. Tal variación sería inminente ante la instalación de dos nuevas represas en el mencionado río.
A fin de considerar ambos puntos, es importante aclarar que el caudal del río Uruguay es variable, no sólo por las épocas de lluvias escasas sino también por las reservas de agua que realiza Brasil en las represas que ya tiene construidas en la zona superior del río.
Si se tienen en cuenta las épocas de sequía y la falta de lluvias, los embalses de las ya numerosas represas brasileras y de la brasilera-uruguaya de Salto Grande van a reunir la poca agua existente. Esto genera bajantes extremas, que es otro factor de deterioro de la calidad de vida de la población y de la flora y fauna en la zona. Tomando lo antedicho y el ejemplo concreto de Salto Grande es deducible que la represa de Garabí, que se ubicaría aguas abajo de las presas nombradas, no llegaría a generar la energía que pregonan sus impulsores sino mucho menos.
Otros impactos sociales adversos
Si bien en los apartados anteriores se ha hecho hincapié en problemas que son inseparables de los impactos sociales, citaremos otros.
-Desarticulación de los barrios y asentamientos afectados.
-Rupturas de lazos de vecindad, amistad y parentesco.
-Resquebrajamiento de lazos comunitarios y desestructuración del tejido social.
-Mayor desempleo debido a la disminución de actividades productivas.
-Alteración de actividades económicas como la pesca, la producción agrícola tradicional y la elaboración de artesanías con especies vegetales nativas.
-Aumento de la migración rural-urbana debido al deterioro de las condiciones materiales de vida, causado por la disminución y/o anulación de las actividades habituales de subsistencia, así como por la degradación de la calidad del suelo, el agua y las imposibilidades de hacer frente a enfermedades potenciadas por las represas.
-Encarecimiento de la canasta familiar.
-Endeudamiento de familias no propietarias.
-Adquisiciones de nuevas obligaciones y erogaciones adicionales a las típicas del gasto familiar.
-Mayores distancias entre la vivienda y el trabajo, lo que contribuye al aumento del costo de vida.
-Conflictos sociales entre familias propietarias y no propietarias, dado sus diferencias socioeconómicas y culturales que implican distintos estilos de vida, de uso y manejo de los espacios, etc.
-Es frecuente que las familias separadas de sus lugares de origen y residencia sufran sentimiento de desarraigo y conflictos psicosociales relacionados con las identidades que las personas construyen en torno a sus espacios de pertenencia.
Necesidades energéticas en Misiones
Lo cierto es que Misiones no necesita más energía, sino ampliar las líneas de transmisión para que lleguen a lugares donde la población no cuenta con electricidad y también instalar nuevas estaciones transformadoras.
En este sentido, el ingeniero de Misiones, Erik Barney, especialista en energías alternativas, manifestó que: “no existe una crisis energética en la provincia, aunque sí faltan líneas de transmisión y estaciones transformadoras”. Al respecto recordó: “en la actualidad existen dos transformadores con más de 300 megas en San Isidro y agregó que el mismo director de EMSA (empresa de Energía de Misiones Sociedad Anónima) dice, que no falta potencia, sino líneas de transmisión y estaciones transformadoras. Desde hace muchísimos años no hay inversiones en infraestructura”, señaló el ecologista. http://www.notiche.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=8288:ecologistas-denuncian-que-no-hay-crisis-energetica-en-misiones&catid=6:provinciales&Itemid=17
Además, Barney explicó que “Misiones ya regaló el 13% de sus montes a las papeleras chilenas, que siguen contaminando el Paraná. Desplazaron a poblaciones rurales y ahora algunos pretenden cortar nuestra provincia con grandes entradas de agua estancada debido a las represas. Pienso que la energía eólica podría abastecer hasta el 20% del consumo nacional, o sea 7.000 megavatios, casi la mitad de la central de Itaipú. Para Misiones, la solución energética son las mini-turbinas y el uso de los desechos forestales o biomasa. Las pequeñas represas no dañan el ambiente y permiten desarrollar otras actividades: turismo, agua potable, riego, piscicultura, puentes”. http://www.mst.org.ar/nueva/?p=40482.
La apuesta a modalidades descentralizadas de generación de energía para Misiones tiene, además, otros fundamentos importantes. Por ejemplo que, habiendo sufrido las consecuencias del emprendimiento Yacyretá, la población paga la electricidad más cara del país, existiendo numerosos parajes que no poseen luz eléctrica porque el tendido no les llega.
Por otra parte, el tema del agua potable -estrechamente ligado al bien común agua dulce de los ríos- tampoco es un servicio equitativo. “Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, el 34 por ciento de las viviendas de Misiones no cuenta con agua potable de red pública dentro del domicilio. La provincia es, por lejos, la que registra mayor población sin acceso al servicio, en todo el país”. http://www.revistasuperficie.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=334:sed-de-lucro&catid=14:misiones&Itemid=21
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