¿Existe una cuestión ambiental?

Alberto Barlocci *

Si los siglos XIX y XX se caracterizaron por la conocida y todavía no superada cuestión social, es muy posible que el siglo XXI se caracterice por la que podríamos denominar “cuestión ambiental”.

La temática se plantea en términos de “cuestión” porque si, en el pasado, la paz y la justicia social fueron amenazadas por la falta de elementos mínimos de garantía de acceso a derechos fundamentales como salarios más dignos, el descanso diario, semanal y anual, los derechos de asociación sindical y de huelga, etc., hoy el tema del acceso a los recursos naturales, la distribución de los beneficios de explotación, los efectos de la actividad productiva, de consumo y el estilo de vida de los habitantes del planeta puede llegar a afectar nuevamente el clima de convivencia. Con la diferencia sustancial de que mientras que la cuestión social se vinculó sobre todo a la realidad de cada país —aunque quizás, en un mundo globalizado, hoy sucede bastante menos—, la cuestión ambiental es indudablemente de dimensiones globales y, aun con soluciones aplicadas en lo local, el problema tiene una importante dimensión que requiere también de decisiones estratégicas a nivel mundial.

Queda claro para los expertos ambientalistas y para muchos científicos que el cambio climático en curso vino para quedarse. Cuando se habla de un milenio se alude, en realidad, a la imposibilidad de realizar previsiones al respecto. Incluso, el tema hoy por hoy no es contrarrestar los cambios climáticos, ya que no es posible, sino convivir con ellos y obviamente, reducir el aporte de la actividad humana con la esperanza en el largo plazo de no favorecer el aumento de la temperatura del planeta.

Eso supone algunos corolarios que tienen que ver con el planeta que dejamos a las futuras generaciones. No tenemos derecho de hipotecar el futuro ante la seguridad de que el actual ritmo de consumo energético y de contaminación, como así también nuestro sistema de producción de bienes y el estilo de vida que deriva de todo eso, hoy supondría disponer de un planeta y medio o también dos.

Antes, la naturaleza tenía la capacidad de absorber los efectos de nuestra actividad y reponer los recursos que utilizamos. Esta capacidad hoy se ha reducido. Es muy ilustrativo el denominado overshoot day, el día a partir del cual la demanda de recursos y la producción de contaminación supera la capacidad del planeta. Este día se reduce año tras año, según lo calculado por la prestigiosa ONG Global Footprint Network. En 2009 el overshoot day cayó en septiembre; este año se adelantó al 21 de agosto.

Por consiguiente, si bien es cierto que, por ejemplo, la selva amazónica pertenece en gran parte a Brasil, también es verdad que su función como pulmón del mundo supone un interés global en su preservación y cuidado. Del mismo modo, la comunidad internacional deberá rever si el control de recursos energéticos como el gas y el petróleo pueden estar bajo el exclusivo poder de un puñado de países que incluso guardan el secreto sobre el estado real de las reservas existentes con tal de controlar este mercado.

Pero la cuestión tiene más aspectos, porque están surgiendo derechos que derivan directamente del impacto que provoca la contaminación ambiental y por lo tanto sobre la calidad de vida de los ciudadanos: pensemos en las enfermedades generadas por la polución del aire que respiramos, en las enfermedades que dependen de la falta de sistemas cloacales, en los perjuicios para la salud por el uso de sustancias químicas en la producción agrícola, ganadera y de alimentos o del tratamiento de residuos, etcétera.

Además, se plantean cada vez con mayor frecuencia derechos que surgen de la posibilidad de acceso a un elemento indispensable como el agua, razón por la que en algunos países se intenta impedir la concesión de su distribución a privados. Otros derechos se vinculan con recursos naturales como los energéticos o los mineros, por lo que cabe preguntarse de qué manera pertenecen a la comunidad y cómo ésta logra beneficiarse concretamente por su explotación, sin quedar expuesta a pasivos ambientales intolerables.

En este contexto, los gobiernos son apenas administradores y no propietarios de los recursos locales durante su mandato. Posiblemente las constituciones nacionales deberán pronunciarse cada vez más sobre el uso de dichos recursos estableciendo pautas claras y criterios para la distribución de los beneficios, y sobre la responsabilidad que se asigna a los “administradores”.

En el plano internacional, en cambio, habrá que pensar en estrategias de acción para hacer frente en forma coordinada a una cuestión que, además, tiene costos. El informe Stern, comisionado por el gobierno británico, plantea destinar el 1% del PBI mundial para afrontar los efectos del cambio climático.

Por supuesto, no falta quien ve el tema como una carrera para asegurarse la porción más importante de la torta (de recursos o del poder sobre ellos), pese a que esto represente serios peligros para la convivencia pacífica. O puede ser una trascendental oportunidad de expresión de civilidad, de cooperación entre países y pueblos, de construcción mancomunada de un futuro posible para nosotros y para las generaciones futuras.

* Alberto Barlocci, Director de revista Ciudad Nueva.

Fuente: Revista Ciudad Nueva

Anuncios